El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581, norma que establece una pensión de S/ 3.500,70 —equivalente a la primera escala magisterial— para los docentes cesantes y jubilados del país. Con esta decisión, el Congreso de la República dispone de 30 días hábiles para presentar sus descargos antes de que el pleno convoque a audiencia pública y emita su sentencia definitiva.

El recurso, interpuesto por el Colegio de Economistas de Lima (CEL) tras subsanar observaciones formales de octubre, sostiene que el Parlamento vulneró la Constitución al crear gasto público permanente sin aval del Ejecutivo y aplicar una nivelación pensionaria encubierta. Según el gremio, la medida carece de sustento actuarial y generaría un impacto fiscal de al menos S/ 5.670 millones anuales, cifra que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta en hasta S/ 13.400 millones anuales en cinco años.

Aunque la admisión de la demanda no suspende la vigencia de la ley, el beneficio permanece congelado en la práctica debido a que el Gobierno no ha publicado su reglamento, cuyo plazo venció en julio. Mientras el MEF adelanta que buscará frenar la norma por considerarla inviable, gremios como el SUTEP y el MACEP exigen su aplicación progresiva para los maestros retirados, quienes actualmente perciben entre S/ 400 y S/ 1.200 mensuales.