(AFN Lima, 30 de marzo de 2020) Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), a nivel nacional, se avocarán también a realizar acciones preventivas para evitar cualquier irregular manejo de los 213 millones 650 mil soles que el Gobierno ha autorizado utilizar a las Municipalidades para que otorguen una canasta de víveres a los más afectados ante la actual emergencia sanitaria por el COVID-19.

Así lo dispuso ayer el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello Rosales, mediante un oficio circular remitido vía WhatsApp a los 124 jefes de despachos fiscales provinciales que cumplen de forma rotativa el servicio de turno en cada una de las 42 sedes anticorrupción del Ministerio Público.

«…Corresponde que las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios que se encuentren de turno, se mantengan en alerta permanente ante cualquier eventual acto de corrupción que se pueda propiciar en los Gobiernos locales que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. Asimismo, deberán mantenerse en comunicación permanente con esta Fiscalía Superior Coordinadora Nacional, a efectos de realizar actividades conjuntas con la Contraloría General de la República…» señala el documento.

Esta atribución para vigilar y prevenir cualquier práctica ilícita por parte de un funcionario o servidor público que haga mal uso del presupuesto transferido ante la emergencia nacional, es parte de las funciones que las FECOF cumplen en mérito a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de las Fiscalías Especializadas aprobado por Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1423-2015.

«Con esta facultad, respaldada por la Fiscalía de la Nación, los fiscales anticorrupción de turno, en coordinación con la Contraloría, la Policía Nacional y la sociedad civil, velarán para que los alcaldes y demás funcionarios municipales cumplan de forma honesta y transparente  con la adquisición y distribución de las canastas básicas para las familias más necesitadas. Es una oportunidad para adelantarnos a un hecho delictivo porque podremos acopiar elementos para una intervención eficiente» sostuvo el fiscal superior Omar Tello.

Asimismo, exhortó a los burgomaestres a actuar en el marco de la Ley, precisando que de lo contrario podrían incurrir en el delito de peculado, penado con 8 a 12 años de pena privativa de la libertad.

El Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece que, una vez terminada la entrega de los kits de productos de primera necesidad, se deberá publicar en la página web de cada municipio, así como colocar en lugares públicos el nombre del titular de la familia beneficiaria.

Cabe recordar que el presidente de la República Martín Vizcarra explicó también que los alcaldes tendrán la obligación de informar sobre el costo de cada producto que integre la canasta básica a fin de que dicha información sea contrastada.